La mayoría era de origen subsahariano. En los primeros dos meses del año ya han fallecido 89 personas

El informe “Derechos humanos en la frontera sur 2007″, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), revela que 921 inmigrantes murieron en 2007 al intentar llegar a España de forma ilegal. Además, 3.500 se han dejado la vida como resultado de políticas de control de fronteras “cada vez más represivas y crueles”, indica el documento.

La mayoría de las víctimas -629- era de origen subsahariano, 287 magrebíes y cinco asiáticos. Las muertes y desapariciones registradas en las costas españolas se elevaron a 189 y el resto se produjeron en las costas africanas (Magreb y África occidental).

El informe destaca su imposibilidad de contabilizar a las víctimas que cayeron en la ruta que atraviesa el Sahel y se dirige hacia Argelia o Libia. “Algunos altos cargos del Ministerio del Interior han llegado a admitir que el desierto del Sáhara se ha convertido en una inmensa tumba de arena”, indica al respecto.

En los dos primeros meses de 2008 ya han fallecido 89 personas (seis en las costas canarias, 13 en las gaditanas, una en Ceuta, otra en Argelia y 68 en las costas del Sahara y de Marruecos) tratando de llegar a nuestro país, frente a las 12 en el mismo periodo de 2007.

En concreto, han llegado a las costas españolas en estos dos primeros meses 2.096 inmigrantes (624 a la costa andaluza, 43 a Baleares, 113 a Murcia y 1.316 a las costas canarias), una cifra que, según la asociación andaluza, es similar a la del año pasado. En 2007 fueron repatriados 55.938 inmigrantes en situación irregular, un 6% más que en 2006.

Nueva política migratoria
La ONG denuncia que el Gobierno español y la UE “continúan ignorando las causas que provocan las migraciones actuales y, por tanto, se ponen en marcha medidas hiperrestrictivas cuyo alcance y eficacia es coyuntural y cuyos efectos a medio plazo son imprevisibles”.

Por ello, propone diseñar una nueva política migratoria. Asimismo, reivindica el respeto “escrupuloso” de los derechos humanos; la reconsideración en profundidad del papel de los Centros de Internamiento; la ratificación del protocolo IV de Derechos Humanos de la UE, en el que se prohíbe la expulsión colectiva de inmigrantes, y una flexibilización de los flujos con cauces concretos que permitan la emigración regular desde África a Europa.

Fuente: consumer.es